El monto quedó establecido entre 0,5 y 1,5 UTM (entre 30 mil y 103 mil pesos al valor actual).
La Cámara Baja despachó este lunes el proyecto que impone multas a los ciudadanos que no vote en las elecciones y que regirá en los comicios presidenciales y parlamentarios de este año. La propuesta del Gobierno que ya había sido aprobada por el Senado quedó lista para su promulgación y contempla sanciones de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre 35 mil y 103 mil pesos al valor de septiembre).
La multa por no votar, que es de carácter definitivo, será aplicable exclusivamente a los ciudadanos chilenos. Por otro lado, la reforma constitucional, que entrará en vigor desde el año 2026, aumenta de 5 a 10 años la exigencia de residencia permanente en Chile para que los extranjeros puedan ejercer su derecho a sufragio.
El primer proyecto recibió 127 votos favorables, mientras que el segundo obtuvo 142, reflejando un sólido respaldo dentro del hemiciclo. Pese al amplio consenso, se registraron votos de abstención y rechazo provenientes de parlamentarios vinculados al oficialismo.
Desde el Gobierno, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, expresó una visión positiva sobre los resultados, afirmando que «hay que mirar siempre el vaso medio lleno, son votos minoritarios (los en contra)».
«Lo importante es que acá ha habido un amplio respaldo de todas las bancadas para materializar este acuerdo», afirmó la secretaria de Estado, que destacó también que «el Presidente Boric había adquirido un compromiso y hoy lo estamos cumpliendo». «Esto nos permite dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones», añadió la autoridad.
Sin embargo, no todo fue celebración. Parlamentarios de oposición que igualmente concurrieron favorablemente con su voto, acusaron al Gobierno de haber incurrido en un «chantaje político». Según sus declaraciones, la multa por no sufragar pudo haber sido aprobada con mucha más antelación, pero el Ejecutivo se «impuso» y estableció que el proyecto se aprobase «de manera conjunta o atada a la reforma constitucional sobre el voto extranjero».
En medio de las críticas de la oposición, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, recordó: «Siempre dijimos que éramos partidarios de consagrar legalmente la obligación de votar, conforme lo establece el mandato constitucional, pero que en paralelo, tenía que resolverse el tema de los requisitos de los extranjeros para votar».
