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Nacional

Comenzó la demolición de la toma de Quilpué

El proceso se desarrolla con un fuerte despliegue policial. Las autoridades están habilitando albergues para los ocupantes.

30 de septiembre de 2025, 13:16

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Esta mañana las autoridades iniciaron formalmente el proceso de desalojo y posterior demolición de las viviendas en la Toma Calicheros en Quilpué (Región de Valparaíso), que se levantó ilegalmente en terrenos pertenecientes al empresario Alejandro Correa. Correa fue asesinado por un sicario en 2020 mientras realizaba gestiones para recuperar precisamente estas propiedades.

El operativo comenzó con un fuerte despliegue policial y municipal, aunque la maquinaria pesada aún estaba pendiente de llegar para concretar la demolición de las 120 estructuras afectadas por la orden judicial. El ambiente en el lugar se ha mantenido tranquilo durante las primeras horas de la mañana, caracterizado por una baja presencia de ocupantes y un fuerte contingente de Carabineros, incluyendo personal de Control de Orden Público (COP).

Los residentes que quedaban continuaban desarmando sus viviendas y sacando enseres en vehículos particulares, una dinámica de salida voluntaria que se había intensificado en los días previos. Según las estimaciones de las autoridades, el proceso avanzó gracias a que cerca del 30% de las aproximadamente 40 familias catastradas ya había abandonado el terreno por su propia voluntad, aceptando la inminencia del desalojo tras el largo proceso judicial.

Hasta el momento, una sola persona -que al parecer habitaba este lugar- ha sido detenida, pues un control de identidad arrojó que mantenía una orden pendiente desde el Juzgado de Garantía de Talagante, por el delito de amenazas.

El delegado presidencial de la provincia de Marga Marga, Fidel Cueto, confirmó que se han estado entregando apoyos sociales y se realizó un catastro para identificar la situación de personas vulnerables y migrantes. De acuerdo con dicho registro, cerca de 80 personas se han retirado del sector en esta jornada. Además, las autoridades estiman que, por lo menos, el 50% de las viviendas ya fueron desarmadas por los mismos ocupantes.

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