Trabajadores de salud y funcionarios municipales entre las víctimas
Penas que llegan hasta los 97 años de presidio está solicitando la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía en la acusación presentada contra seis personas —cuatro adultos y dos adolescentes— por su participación en una serie de hechos de extrema violencia registrados entre julio de 2022 y mayo de 2023 en la comuna de Ercilla. Entre las víctimas figuran equipos del Cesfam de Ercilla, de la Municipalidad de Victoria y de la Contraloría General de la República, que fueron atacados mientras prestaban servicios en terreno.
En detalle, la Fiscalía solicita 97 años de presidio para José Arzola Millalén, 48 años para Luis Morales Millanao, 20 años para Juan Queipul Queipul, 7 años para Viviana Ñirripil —por receptación de vehículos robados—, y la pena máxima de 10 años de internación cerrada con programa de reinserción social para los dos adolescentes imputados.
Entre los delitos acusados se incluyen ocho robos con violencia o intimidación, tres de ellos calificados por la brutalidad con que fueron cometidos: en esos casos, las víctimas fueron baleadas incluso después de entregar sus vehículos, sufriendo fracturas expuestas. Uno de ellos, funcionario municipal, debió ser amputado.
Además, se atribuye a algunos de los acusados su participación en el ataque armado a la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla, el 7 de mayo de 2023, y en el homicidio frustrado de dos integrantes de la familia Urban, ocurrido dos días después. En este último hecho, dispararon escopetas Brenneke contra un vehículo de Carabineros, hiriendo a dos funcionarios.
La preparación de juicio oral se inició este lunes en el Juzgado de Garantía de Collipulli, pocos días después del atentado que dejó herido a un funcionario de salud del Cesfam de Ercilla. Aunque corresponden a investigaciones distintas, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, recalcó que existen herramientas legales eficaces para perseguir estos delitos: “Estamos hablando de funcionarios de establecimientos de salud, de funcionarios municipales o de la Contraloría General de la República. En consecuencia, no sólo se afecta a estas personas, sino también a la función pública que ellos desempeñan en beneficio de toda la comunidad”.
Durante la investigación, desarrollada con unidades especializadas de Carabineros, se incautaron vehículos robados, armas de fuego —incluida una con el número de serie borrado—, municiones, cocaína y marihuana. Dos de los inmuebles allanados corresponden a la comunidad de Temucuicui, a la cual pertenecen 3 de los acusados.
