El hecho constituye una infracción a la normativa migratoria.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) aplicó una millonaria multa a una aerolína -de vuelos comerciales- por transportar a casi 900 personas, en distintos vuelos, sin informar a la PDI sobre el listado de pasajeros. El pasado 1 de septiembre, el servicio aplicó la sanción a la aerolínea JetSmart, por incumplimiento de la normativa migratoria, por un monto de 8.390 UTM.
En total, la sanción asciende a más de $581 millones por transportar a 839 pasajeros en seis vuelos distintos, «omitiendo las obligaciones referidas a informar a la PDI los listados de pasajeros», detallaron desde el servicio. Esto, porque las aerolíneas están obligadas a enviar la lista de los pasajeros que ingresen o salgan del país a PDI. Del mismo modo, las compañías de transporte internacional de pasajeros están obligadas a revisar al momento del embarque de pasajeros que la documentación les permita la salida o ingreso al país. La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería establece sanciones para las empresas de transporte aéreo que omitan el control de la documentación de los pasajeros que viajan desde y hacia Chile.
Así, las multas por esta falta a la normativa migratoria ascienden de 10 a 20 UTM por cada pasajero infractor. En 2023, el Gobierno presentó una modificación legal, que actualmente se tramita en el Senado, para aumentar esta multa de 25 a 50 UTM por cada pasajero.
El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, sostuvo al respecto que «el cumplimiento de la normativa por parte de las líneas aéreas es esencial para poder tener una frontera ordenada y segura. De ello depende que quienes vengan a nuestro país como turistas o con una residencia otorgada por el Sermig, o quienes salen de nuestro país, tengan la documentación y las autorizaciones que los habilita para ingresar o salir».
«El deber de las líneas áreas de informar a la Policía de Investigaciones las listas de pasajeros es esencial para tener un control migratorio eficiente y que permita anticipar amenazas o dificultades», subrayó.
Thayer añadió que «la persistencia en infracciones reiteradas en algunas líneas aéreas nos ha llevado a evaluar acciones complementarias que involucran a instituciones competentes en materia de autorización del tráfico aéreo e incluso al Ministerio Público, en casos en que detectemos indicios de algún delito».
