Según la Fiscalía, el esquema causó un perjuicio fiscal superior a los 20.000 millones de pesos entre 2021 y 2024. Uno de los imputados fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba abandonar Chile.
Este viernes, en el Centro de Justicia de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de siete personas —seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico— por la emisión fraudulenta de licencias médicas.
La red es acusada de emitir un total de 35.978 documentos entre los años 2021 y 2024, un esquema que tiene directa relación con un lapidario informe de la Contraloría que detectó a funcionarios públicos utilizando estos permisos para viajar al extranjero o asistir a casinos.
Tras la audiencia, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, explicó que más de 26.000 licencias emitidas por los acusados fueron pagadas directamente por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), generando un daño fiscal superior a los 20.000 millones de pesos. El persecutor advirtió que este millonario monto es solo un piso: «No cabe duda alguna que (la cifra) será incrementada en el devenir del desarrollo de la investigación», afirmó.
En paralelo a la formalización de los profesionales de la salud, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, reveló que solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias falsas a los detenidos y que utilizaron el reposo médico fraudulento para fines recreativos, registrándose movimientos migratorios fuera del país y visitas a centros de juego mientras supuestamente se encontraban incapacitados para trabajar.
La detención de los hoy formalizados incluyó un operativo crítico en el Aeropuerto de Santiago, donde uno de los médicos fue interceptado por la Policía de Investigaciones (PDI) justo antes de abandonar el territorio nacional.
«Uno de los de las personas que son serán puestas a disposición del tribunal el día de hoy se aprestaba a salir del país y, frente al aviso que la Fiscalía generó en los funcionarios policiales en el evento de que justamente se intentara hacer abandono del territorio nacional, se activaron los protocolos, se tomó contacto con la Fiscalía y la Fiscalía rápidamente gestionó la orden de detención. Eso generó que la persona fuera detenida», explicó el prefecto inspector Marcelo Romero, jefe nacional de Delitos Económicos de la PDI.
