Seis de ellos accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino.
En un hecho inédito, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete empresas del rubro maderero por el delito de receptación, en el marco de una investigación por robo de madera liderada por el fiscal Enrique Vásquez. Se trata de la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito.
La indagatoria, desarrollada en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió acreditar que durante 2022 las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA) adquirieron madera sustraída desde fundos de Forestal Mininco, en las comunas de Galvarino y Collipulli.
La madera fue robada por una organización criminal encabezada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos actualmente condenados a 5 años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera.
“El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Vásquez. Añadió que la investigación permitió identificar a 10 empresas, de las cuales 7 ya fueron formalizadas y 3 serán formalizadas próximamente.
Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que, en su representación, gestionó la compra de madera. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, sostuvo el fiscal.
Tras la formalización, seis empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar, entre todas, más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino, en beneficio de niños, niñas y adolescentes del sector.
La única empresa que rechazó la salida alternativa fue PROMASA, que según la investigación adquirió más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a $144 millones. En este caso, el proceso sigue en curso. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de madera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, señaló el fiscal.
