Este martes, el undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $200 millones de pesos por concepto de daño moral a cuatro exfuncionarios de la Armada, quienes fueron detenidos y sometidos a torturas en 1973.
Tras la revisión del caso, se logró acreditar que los exmarineros Roberto Fuentes Fuentes, Luis Jorquera Silva, Alejandro Benavente Fonseca y Ricardo Tobar Toledo, fueron detenidos entre julio y septiembre de 1973, y posteriormente, sometidos a torturas en el cuartel Silva Palma, Academia de Guerra, Fiscalía Naval de Valparaíso, Sanatorio Marítimo y campos de prisioneros, entre otros recintos.
Es por lo anterior, que en la sentencia, el juez Patricio Hernández Jara, rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por el fisco, tras establecer que los demandantes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, delitos que son imprescriptibles tanto en sede penal como civil.
Al respecto, el fallo sostiene que «así las cosas, con los hechos asentados a partir de la prueba documental rendida, permiten tener por acreditado el daño sufrido por los actores, el que no solo fue físico, sino que psicológico y moral, desde que tuvo por objeto la tortura y la degradación de sus personas, con el objeto no solo de anularlos, sino de obtener la información pretendida con los salvajes interrogatorios de que fueron víctimas».
«Queda en evidencia que existe un nexo causal entre la acción desplegada por los agentes del Estado que detuvieron a los actores y lo sometieron a torturas, con el daño que hasta el día de hoy se encuentra vigente, no obstante haber transcurrido casi 50 años de tan lamentables episodios», agrega.
«Sobre la base de lo anterior y dadas las graves secuelas producidas por los hechos ilícitos que lamentablemente vivenciaron los actores con ocasión de las torturas de que fueron víctimas (…) este sentenciador estima prudente y de justicia regular el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes«, ordena el fallo.