El legislador negó tajantemente haber tenido a la vista un documento redactado por la jurista. Aunque la metadata de ambos archivos, muestra que los dos documentos fueron creados por el mismo autor.
El proyecto de ley presentado por el senador Francisco Chahuán para la liberación de mayores de 75 años, y que favorece a violadores de derechos humanos, es similar a un texto de una abogada defensora de reos de Punta Peuco, informó este domingo el programa Informe Especial de TVN.
Se trata de la abogada Carla Fernández Montero, que tiene como clientes a reos como el exjefe CNI Álvaro Corbalán; Miguel Krassnoff, quien acumula condenas por más de mil años de cárcel; o el exDINA Raúl Iturriaga.
Según fuentes de Informe Especial, todo apunta a que el borrador de la abogada habría llegado a manos del parlamentario a inicios de enero del año pasado, apenas unas semanas antes que los senadores ingresaran oficialmente el proyecto a trámite.
Tras años de intentos fallidos, este miércoles 4 de marzo por primera vez una propuesta de este tipo logró ser aprobada en general por la sala del Senado, por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra, y busca permitir la conmutación de condenas a reos presos por violaciones de Derechos Humanos. “El documento de la abogada y el proyecto presentado son iguales. Punto por punto, en 21 de sus 23 páginas, la argumentación es idéntica y no cambia ni una coma”, según Informe Especial.
Si bien dice que el texto “está destinado a la población penal general”, apunta directamente a “las personas condenadas por causas de DDHH, porque ellas representan más de dos tercios del total de la población provecta del país (…) y porque a diferencia de otros condenados por delitos comunes que tienen edad avanzada, su juzgamiento no ha sido realizado al alero de un sistema inquisitivo, ni sus condenas cargan con el sistema de la ”lesa humanidad’”.
Entre las principales razones para impulsar la propuesta se señala, por ejemplo, que “la ficción jurídica del secuestro permanente ha permitido sostener de manera irracional e ilógica que los criminales militares de antaño incluso hoy —presos, ancianos, enfermos o discapacitados— mantienen conductas contrarias a derecho, favoreciendo la ‘impunidad’, negando a las personas investigadas, procesadas y condenadas la posibilidad de defenderse en base a prueba actualmente existente en el Servicio Médico Legal (osamentas)”.
A su vez, ambos textos también aluden a un fallo de la Corte Suprema de 2024 que a su entender “consagra una verdadera ‘regla de trato geriátrico’ para los reos adultos mayores, homologando el recinto carcelario a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), existentes en el medio libre, y esto para los efectos del cumplimiento —en la especie— de sus condenas por causas de DDHH.
En el fondo, lo que hace este dictamen es evitar un ‘geriatricidio carcelario’, que muy probablemente —dada la avanzada edad y las condiciones de salud de muchos presos— comenzará a ocurrir a partir de este año 2025, de no tomarse en serio este fallo”.
