“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, sostuvieron.
En una carta publicada en El Mercurio, calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría abrir la puerta al autoritarismo e incluso permitir que un futuro mandatario instalara una “dictadura constitucional”. Hoy, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, rechazó las críticas, llamó “a la seriedad” y defendió que las medidas buscan enfrentar al crimen organizado con mecanismos que ya existen en otros países.
Fontaine y Couso parten haciendo una precisión: no ven indicios de que Kast quiera capturar las instituciones de control o acallar a la prensa. Sin embargo, su advertencia apunta a las facultades que esta reforma dejaría disponibles para él y para cualquier presidente que llegue después.
El punto más delicado, sostienen, es el nuevo estado de excepción que el mandatario podría decretar por hasta 240 días, sin autorización previa del Congreso. Durante ese periodo sería posible suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.
El problema, según los académicos, es que la norma permitiría terminar el estado de excepción antes de completar el plazo, esperar algunas semanas y volver a decretarlo. Así, un futuro presidente podría gobernar durante gran parte de su mandato con derechos restringidos y sin necesitar una autorización previa del Congreso.
Y esa herramienta, advierten, podría terminar utilizándose no solo contra integrantes del crimen organizado o grupos terroristas, sino también contra periodistas, dirigentes sociales o líderes de oposición.
“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, sostuvieron.
La carta también cuestiona que el Ejecutivo y el Senado puedan definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. Para Fontaine y Couso, entregar esa decisión a autoridades políticas “borronea la separación de poderes” y constituye “un paso propio de gobiernos iliberales”.
A esto sumaron el empleo de las Fuerzas Armadas en labores policiales y la posibilidad de restringir determinadas prestaciones sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, incluso después de haber cumplido 15 años de cárcel.
Consultado por las advertencias de Fontaine y Couso, el ministro Martín Arrau rechazó los calificativos utilizados contra el proyecto.
“En primer lugar, yo llamaría a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué”, respondió.
Arrau explicó que el nuevo estado de excepción busca intervenir “barrios, puntos muy locales donde el narco, el crimen organizado se lo ha tomado”. Aseguró que las atribuciones propuestas ya se encuentran presentes en otros estados de excepción y señaló que el plazo de 240 días está abierto a cambios. “Sobre el plazo, totalmente conversable”, sostuvo.
