El TC declar贸 inconstitucionales cuatro disposiciones de la controvertida normativa impulsada por el Gobierno. El fallo puso l铆mites de las pol铆ticas de seguridad escolar para cautelar la protecci贸n de derechos fundamentales.
La promesa de una respuesta r谩pida frente a la creciente violencia en los establecimientos educacionales encontr贸 un l铆mite en la propia institucionalidad del pa铆s. El Tribunal Constitucional (TC) resolvi贸 declarar inconstitucionales cuatro art铆culos de la Ley de Escuelas Protegidas, asestando un rev茅s a una de las iniciativas emblem谩ticas del Gobierno en materia de seguridad escolar.
La decisi贸n afecta disposiciones que hab铆an concentrado buena parte de la controversia durante la tramitaci贸n legislativa: la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educaci贸n superior, la p茅rdida de ese beneficio para estudiantes ya favorecidos, las facultades para revisar vestimentas y pertenencias personales, y otros mecanismos considerados por los requirentes como una afectaci贸n a derechos fundamentales.
Desde el TC, el razonamiento apunt贸 a que varias de estas normas exced铆an los m谩rgenes permitidos por la Constituci贸n al establecer restricciones que compromet铆an garant铆as como la igualdad ante la ley, el derecho a la educaci贸n, la privacidad y el debido proceso. La resoluci贸n acogi贸 as铆 parte de los argumentos levantados por parlamentarios de oposici贸n que recurrieron al organismo tras la aprobaci贸n del proyecto.
La ley hab铆a sido presentada por el Ejecutivo como una respuesta urgente a una serie de hechos de violencia ocurridos en comunidades educativas, particularmente luego del crimen de una inspectora en un establecimiento de Calama. Bajo ese contexto, la iniciativa avanz贸 con rapidez en el Congreso, impulsada por la necesidad de entregar mayores herramientas de control y prevenci贸n a los establecimientos.
Sin embargo, organizaciones estudiantiles, expertos en educaci贸n y sectores pol铆ticos advirtieron desde el inicio que algunas medidas pod铆an derivar en pr谩cticas discriminatorias o vulnerar derechos de ni帽os, ni帽as y adolescentes. Las cr铆ticas se concentraron especialmente en la revisi贸n de mochilas y en la exclusi贸n de beneficios educacionales como mecanismo de sanci贸n indirecta.
El fallo del TC remite a una discusi贸n de fondo que atraviesa buena parte del debate p煤blico: c贸mo enfrentar fen贸menos complejos de violencia sin erosionar las garant铆as que sustentan el Estado de Derecho.
Desde el oficialismo, la resoluci贸n fue recibida como un obst谩culo para una legislaci贸n que buscaba responder a una demanda ciudadana por mayor seguridad. La UDI, en tanto, ya anunci贸 nuevas iniciativas para reponer algunas de las disposiciones objetadas, incluyendo eventuales reformas constitucionales destinadas a restringir el acceso a beneficios estatales para personas condenadas por delitos cometidos en contextos escolares.
