Fueron formalizados por los delitos de asociación ilÃcita, fraude de subvenciones, lavado de activos y emisión de permisos médicos falsos.
El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a 17 personas acusadas de emitir 70 mil licencias médicas falsas entre 2020 y 2022, que significaron un perjuicio de 50 mil millones de pesos al sistema de Fonasa. Del total de condenados, nueve son médicos, todos de nacionalidad colombiana, que conformaron 16 empresas de fachada para cometer los delitos de asociación ilÃcita, fraude de subvenciones, lavado de activos y emisión de licencias médicas falsas.
El director de Fonasa, César Oyarzo, valoró la resolución y aseguró «ya no es un problema de un profesional emitiendo una licencia discutible, sino que son organizaciones criminales establecidas para llevar recursos de la seguridad social a ciertos sus propios beneficios».
Oyarzo expuso la magnitud del fraude: «Para los beneficiarios de Fonasa, es un tremendo impacto. Nosotros habÃamos partido, efectivamente, de un piso estimado del orden de los 30 mil millones; en el veredicto escuchamos que esa cifra es más amplia y, según las notas que tomé, estamos más cerca de los 50 mil millones».
En concreto, las estimaciones del Ministerio Público estaban en el orden de los 31 mil millones de pesos, pero en la lectura del veredicto final se aumentó la cifra alrededor de 50 mil millones solo en lo defraudado en Fonasa, a ese monto hay que agregar lo correspondiente a las isapres.
El fiscal de Alta Complejidad, Ãlvaro Pérez, detalló que «ahora viene una etapa para discutir cuáles son los bienes que van a ser objeto de comiso; ya contamos con colaboración internacional a través de la FiscalÃa Nacional con la par colombiana y, de hecho, los bienes se encuentran hoy sujetos a medidas cautelares reales, están precautorizados».
«Nuestra idea es solicitar que, mediante una resolución de este tribunal, se pueda hacer la tramitación respectiva con las autoridades de Colombia», sostuvo el persecutor.
La lectura de sentencia quedó fijada para el 31 de agosto, en la que los imputados arriesgan penas desde los 5 años a los 20 años de cárcel para aquellos consignados como lÃderes de la organización criminal.
