La diputada Catalina Pérez es imputada como coautora del delito de fraude al fisco en el caso Democracia Viva, luego de que la fundación de su expareja pactara un millonario convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, con presuntos fines políticos.
Este lunes, la desaforada diputada Catalina Pérez (exFA) fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la investigación en curso que lidera la Fiscalía por el caso Democracia Viva, en el que también está involucrado su expareja y el exseremi de Vivienda de dicha región.
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Pérez al constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal no acogió la solicitud y decretó el arresto domiciliario total para la diputada.
En horas de la mañana la diputada Pérez acudió al Juzgado de Garantía de Antofagasta para someterse a la audiencia de formalización, sin dar ningún tipo de declaraciones a la prensa. La parlamentaria es imputada como coautora de fraude al fisco tras el convenio celebrado entre la fundación Democracia Viva -de su expareja, Daniel Andrade-, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en 2022. Por su parte, Andrade, también imputado como coautor en la investigación, se mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario.
La Fiscalía sostiene que, con fines políticos y mediante la fundación, Pérez y el resto de imputados idearon un plan para obtener recursos del Estado del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. En total, se pactaron tres convenios por un monto total de $426 millones, dinero que debía ser destinado a financiar proyectos en campamentos de dicha región.
De acuerdo al planteamiento del Ministerio Público, la diputada habría tenido un rol activo en la adjudicación de los fondos mediante la facilitación de la firma de los tres convenios. Sin embargo, el fiscal Aguilar asegura que la fundación no contaba con los requisitos correspondientes para pactar el acuerdo y acceder a recursos públicos.
En la misma línea, el ente persecutor investiga conversaciones que mantuvo Pérez y su expareja, Daniel Andrade, en el que se organizaban para simular la existencia de una oficina de Democracia Viva con el fin de confrontar sospechas mediáticas. Pese a las acusaciones en su contra, la diputada Pérez ha negado los hechos asegurando que nunca obtuvo beneficios económicos a raíz de los convenios.
