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El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha tomado una decisión contundente respecto a las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del Estallido Social en 2019. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció que se revocarán 25 de estas pensiones debido a irregularidades detectadas en el proceso de entrega del beneficio, según alertó la Contraloría la semana pasada.
Hasta el momento, se confirma la revocación de 25 pensiones de gracia, pero el ministro Elizalde señaló que la revisión de antecedentes aún está en curso, lo que podría resultar en un aumento de la cifra. El análisis se centrará en verificar que se cumplan los requisitos para obtener este beneficio, especialmente en el caso de aquellos con antecedentes penales.
El ministro destacó que, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el 14,19% de las pensiones de gracia otorgadas tenía antecedentes penales, mientras que en la actual administración de Boric, esta cifra es del 17,78%, niveles comparables.
El total de beneficiarios de las pensiones de gracia tras ser víctimas de vulneraciones de agentes del Estado en el Estallido Social es de 418. Bajo la administración de Gabriel Boric, se han autorizado 270, y bajo la de Sebastián Piñera fueron 148.
La investigación reveló que 58 beneficiarios de las pensiones de gracia tenían antecedentes penales, con dos casos destacados por su gravedad: uno por abuso sexual contra una niña de seis años y otro por producción de material pornográfico infantil en contra de una menor de 17 años. La Contraloría identificó a beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos. Uno de los casos más llamativos es el de Cristián Mauricio Aróstica Quispe, de 43 años, quien registra un total de nueve condenas, la mayor cantidad entre los beneficiarios con pensiones de gracia en 2022.
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