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Existe una propuesta del Gobierno de Chile para subsidiar con hasta 200 millones de dólares el aumento de la tarifa eléctrica que está programado para 2024. Teniendo en cuenta las dificultades que esto representará para los sectores más vulnerables, este bono lleva varias semanas discutiéndose en distintas esferas del Estado.
La idea es que exista una canasta básica energética familiar, que se establece en alrededor de 130 kWh/mes. Según el Ministerio de Energía, se espera que aproximadamente 6,5 millones de hogares enfrenten un incremento en sus gastos de electricidad de al menos un 8%, según un informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE). El aumento promedio en las tarifas será del 14%, aunque para los hogares con un consumo eléctrico más alto, podría llegar a un 48%.
El bono apunta principalmente a los hogares en el 40% más vulnerable del país, lo que equivale a más de 4,2 millones de familias. Los criterios de vulnerabilidad consideran factores como tener mujeres jefas de hogar, vivir en zonas rurales aisladas, tener electrodependientes en el hogar u otras asignaciones estatales como el aporte familiar permanente.
La propuesta estima que el costo anual de la canasta básica energética sería de aproximadamente $124.800 por familia, beneficiando a alrededor de 1.442.308 hogares. Esto representaría el 44% de las cuentas eléctricas típicas para este segmento. En caso de prosperar, el bono se sumará al Mecanismo de Protección al Cliente, que se estableció mediante la Ley MPC para contener las alzas de tarifas eléctricas en el segmento de menor consumo eléctrico a principios de 2022.
Para financiar este subsidio a la tarifa eléctrica, el Gobierno propone aumentar la tasa del Impuesto Verde, que grava las emisiones de contaminantes de fuentes fijas. Actualmente, las generadoras que utilizan carbón son las principales contribuyentes a este impuesto, que establece un cargo de 5 dólares por cada tonelada de CO2 liberada. La propuesta busca establecer una sobretasa de entre 1 y 5 dólares sobre este cargo, lo que aumentaría la carga a las empresas carboníferas a un máximo de 10 dólares por tonelada de CO2.
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