Bono 296,000 pesos: quiénes recibieron las pensiones de gracia vitalicias por el estallido social
La polémica en torno a las pensiones de gracia destinadas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social ha sido tema de discusión esta semana en Chile. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se presentó ante la Comisión investigadora para aclarar quiénes son los beneficiarios de este bono y brindar detalles del proceso.
Según las explicaciones del subsecretario Monsalve, de las 418 personas que reciben pensiones de gracia por ser víctimas del estallido social, aproximadamente un 10% de ellas, es decir, 40 personas, tienen antecedentes penales. De ese total, 148 pensiones fueron otorgadas durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, mientras que las restantes 270 se entregaron durante el actual mandato del presidente Gabriel Boric.
Es relevante señalar que de las 40 personas con antecedentes penales, 17 recibieron el beneficio durante el gobierno de Piñera por el estallido social, y 23 durante la administración de Boric. A pesar de la controversia que ha rodeado a estos casos, Monsalve argumentó que en ambos gobiernos se respetó estrictamente el reglamento establecido para el proceso, y que este reglamento no consideraba como requisito la solicitud de antecedentes penales.
El bono de pensión vitalicia para víctimas del estallido social se estableció a través de una resolución en enero de 2022, en el gobierno de Piñera. Este beneficio estaba destinado a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. La resolución especificaba que se podían considerar beneficiarios a quienes hubieran sufrido menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo debido a lesiones causadas por violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó en la acreditación de víctimas y presentó un extenso listado de posibles beneficiarios del bono, el cual se redujo durante la gestión de Piñera. En total, se recibieron 715 solicitudes, de las cuales se aprobaron 418.
