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La persistencia de la crisis de violencia en y alrededor de los establecimientos educativos nos motivó a realizar una investigación sobre su impacto en el rendimiento académico, específicamente, en Comprensión Lectora y Matemáticas, permitiendo proyectar las pérdidas de aprendizaje en los niños matriculados en el sistema chileno.
Manuel Villaseca es investigador de Acción Educar
La violencia escolar es un fenómeno que existe desde el origen de las escuelas. En Chile, desde los inicios de los 2000 se pregunta por hechos de violencia ocurridos al interior de los establecimientos en los cuestionarios adjuntos al SIMCE y, entre 2006 y 2014, se realizó la Encuesta de Violencia en el Ámbito Escolar (ENVAE), que reveló a través de sus cuatro versiones una prevalencia alta de victimización violenta de escolares. Específicamente, en 2014 un 22,3% de los estudiantes declaraba haber sido víctima de una agresión por parte de alguien del establecimiento. Otras mediciones han reportado magnitudes similares en la prevalencia de la violencia escolar.
No hay duda de que, actualmente, ha tenido lugar en la esfera pública una crisis de violencia que está estrechamente vinculada con el ámbito escolar, pero también con la situación del orden público. Esto se observó el año 2022, en las denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación por hechos de violencia al interior de los establecimientos. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2022, se realizaron 29 denuncias por cada 100 colegios, el número más alto para un período desde que se tienen datos disponibles. Esto también se observa en los hechos de violencia ocurridos en los alrededores de los liceos emblemáticos de Santiago y otras grandes ciudades de Chile, y que volvemos a ver alrededor de estas fechas. Ellos involucran, frecuentemente, la acción de las fuerzas de orden público y el uso de medios criminales por parte de los estudiantes y adultos involucrados —e.g. bombas molotov—.
La persistencia de la crisis de violencia en y alrededor de los establecimientos educativos nos motivó a realizar una investigación sobre su impacto en el rendimiento académico, específicamente, en Comprensión Lectora y Matemáticas, permitiendo proyectar las pérdidas de aprendizaje en los niños matriculados en el sistema chileno. La observación de más de 300 mil niños y niñas que rindieron el SIMCE entre 2017 y 2018 permitió establecer que recibir frecuentemente violencia física y verbal en el mes anterior a la rendición de la prueba impacta negativamente los puntajes en Comprensión Lectora (14 puntos) y en Matemáticas (7 puntos). El estudio también confirma que por pequeña que sea la cantidad de violencia recibida, el proceso de aprendizaje igualmente se ve perjudicado.
¿Cómo enfrentar esta dimensión de la crisis? La política pública debería seguir tres focos principales. En primer lugar, ofrecer capacitación adicional a docentes y asistentes de la educación para abordar conflictos violentos dentro del establecimiento. Luego, se debe invertir desde el nivel central y las administraciones locales en involucrar a padres y apoderados en la solución de las situaciones más críticas de violencia escolar. Por último, ofrecer apoyo financiero y político adicional para las comunidades más afectadas por la crisis de violencia. Las medidas del gobierno en estos sentidos, contenidas en el Plan de Reactivación Educativa, no parecen ser suficientes, ni detallan sus presupuestos de forma transparente.
Los focos de política mencionados no son suficientes para lidiar con la crisis de violencia, pero sí son un paso adicional hacia la solución de la crisis multidimensional de la educación. No debe perderse el sentido de urgencia de este problema: por cada día que viven los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia en y alrededor de los establecimientos, sus aprendizajes se siguen viendo perjudicados y el país continúa retrocediendo.
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