Se discutieron y votaron hasta total despacho los últimos tres puntos que quedaban en la lista: los ajustes a los beneficios del DFL 2, el impuesto patrimonial y las normas de beneficiarios finales de las empresas.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular la propuesta de reforma tributaria planteada por el Gobierno, quedando lista para el próximo paso que es la votación en sala de la Cámara.
En la ocasión, se discutieron y votaron hasta total despacho los últimos tres puntos que quedaban en la lista: los ajustes a los beneficios del DFL 2, el impuesto patrimonial y las normas de beneficiarios finales de las empresas.
La Comisión aprobó por 7 votos y 4 en contra de la oposición, el establecimiento de un impuesto al patrimonio que grava a aquellas personas naturales con domicilio o residencia en Chile cuando su patrimonio es superior a 6.000 UTA en dos tramos. Si el patrimonio oscila entre 6.000 y 18.000 UTA el gravamen será de 1%; y con una tasa de 1,8% para quienes exceden los 18.000 UTA. Se trata de un impuesto que se determinará anualmente el 31 de diciembre, debiendo ser declarado y pagado en junio del año siguiente.
Durante esta discusión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “dado que este es un impuesto que grava un patrimonio que a su vez se ha ido generando y que se va modificando año a año en función del uso del destino, de las rentas que tienen los contribuyentes, se preparó una indicación para establecer una carga tributaria máxima”.
Al respecto, el secretario de Estado afirmó que en la propuesta del Ejecutivo “los contribuyentes nunca pagarán por concepto de impuesto a la Renta más impuesto al patrimonio, un monto mayor al 50% de la rentabilidad de su patrimonio. Para poder hacer esa comparación se presume una rentabilidad de 6% del patrimonio, pero el contribuyente puede solicitar aplicar una rentabilidad menor si es que genera los antecedentes de respaldo correspondiente, pero siempre con una rentabilidad mínima de 2,5%”.
Además, en esta sesión se aprobaron la mayoría de los artículos correspondientes a la creación de un registro nacional de Personas Beneficiarias Finales, que tiene el objetivo de generar una mayor transparencia en la actividad empresarial con énfasis en aquellos que reciben fondos públicos. Este registro permite mejorar las labores de fiscalización en ámbitos como los impuestos o lavado de activos o delitos financieros.
Asimismo, se aprobaron modificaciones a la ley de Herencia y Donaciones, y la modificación a las exenciones DFL2, norma que proviene de 1959, que pretendía fomentar la adquisición de inmuebles con destino habitacional, e impulsar la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, tal como argumentó el Ejecutivo, con el correr de los años esta normativa fue objeto de un mal uso al transformarse en un instrumento que permitía la acumulación de inmuebles con un fin exclusivamente rentista distorsionando su objetivo, al ser utilizado por personas y por sociedades inmobiliarias.
El proyecto establece el término de la exención respecto de arriendo y del impuesto a la herencia. Sin embargo, para las personas sobre 65 años se mantiene la condición de ingreso no renta por arriendos percibidos por hasta 15,5 UTA ($ 960.000 mensuales), cuando el ingreso total anual sea menor a 30 UTA.
Al finalizar la jornada, el ministro Marcel recalcó que en los siete meses “se ha hecho una discusión mucho más detallada de lo que ha ocurrido con reformas tributarias anteriores. Sacamos la cuenta y ha habido alrededor de 200 votaciones, de las cuales por lo menos en 3/4 de ellas hemos tenido votos cruzados dentro de esta mesa. El Ejecutivo introdujo 40 indicaciones, algunas de ellas bastante sustantivas respecto de la propuesta original del proyecto”.