La intervención de la ciudadanía, en algún grado en la deliberación y redacción de normas constitucionales es una tendencia mundial en los procesos de reformas o de su reemplazo en los últimos 30 años.
Rodolfo López Moreno es Investigador de la línea Conflicto Político y Social de COES
Luego de que el Congreso destrabara la parálisis sobre el futuro del proceso constituyente, el debate ha girado hacia el rol de los expertos en el nuevo órgano constitucional. Sin embargo, otra dimensión igualmente importante de discutir es la participación ciudadana. Su incorporación es uno de los desafíos de esta nueva etapa, al ser un factor crucial para su legitimidad de corto y largo plazo.
La intervención de la ciudadanía, en algún grado en la deliberación y redacción de normas constitucionales es una tendencia mundial en los procesos de reformas o de su reemplazo en los últimos 30 años. Países tan diferentes como Colombia, Sudáfrica, Hungría, Irlanda, Túnez y Ecuador han establecido canales de incidencia ciudadana, como la creación de mesas y grupos de trabajo territorial; consultas por correo o internet; o la realización de audiencias públicas. Ciertamente, es imposible incluir todos los mecanismos disponibles en un solo proceso, pero existe la voluntad de que la voz ciudadana sea incidente.
Una excepción a esta tendencia es la Constitución de Argentina de 1994. Ahí la participación popular se ciñó sólo a la elección de convencionales, ya que partidos políticos altamente populares y con una importante aprobación ciudadana acordaron de antemano las modificaciones constitucionales y su votación en la asamblea para asegurar una rápida tramitación. En cambio, el Acuerdo por Chile se da en un contexto de una amplia crisis de representación y con un fracaso constitucional reciente, lo que hace desaconsejable la omisión de la participación ciudadana.
A su vez, la fallida Convención Constitucional estableció un repertorio ambicioso de procesos participativos. Sin embargo, esta experiencia enseña que es recomendable aplicar efectivamente un número acotado de mecanismos, en lugar de un abanico irrealizable o insatisfactorio de opciones para incorporar la voz de la ciudadanía.
En un contexto de crisis de legitimidad y descrédito institucional, el nuevo proceso debe considerar decididamente algún tipo de participación del electorado en sus distintas etapas. Aunque aún hay tiempo para definir algún espacio de incidencia durante el Consejo Constitucional, el inicio del Comité de Expertos el próximo mes impide un diseño adecuado. No obstante, abre una oportunidad para que sus miembros incorporen activa y verificablemente los resultados de los encuentros locales autoconvocados del 2016, y cabildos y audiencias de la pasada Convención. De este modo, es posible que el nuevo momento constitucional incorpore desde un inicio la opinión de la ciudadanía, aunque diferida.
A la luz de la experiencia comparada y las lecciones recientes, la apropiada implementación de la voz ciudadana es vital para incrementar la legitimidad de decisiones tan trascendentales como la creación de una nueva Carta Magna. Es de esperar que esta discusión no sea obviada, ya que es necesario avanzar desde distintos frentes para la superación del problema constitucional chileno. No quedan muchas oportunidades.
