Camioneros insisten en paro en Macrozona Sur pese a acuerdo del Gobierno con contratistas forestales

Tras una reunión entre la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner y los contratistas forestales movilizados mediante tomas de carreteras en la Marcozona Sur, exigiendo diversas medidas de seguridad, en la noche de este jueves se logró llegar a un acuerdo.

Fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien firmó la carta en la que se dejaron por escrito los temas concordantes en los que se trabajó, a fin de responder a las demandas de la Asociación de Contratistas Forestales (Acofarag).

“Nos sentamos en una mesa con el Gobierno y acordamos seis puntos, dentro de los cuales el más importante es la promulgación de una ley que declara las carreteras y caminos públicos y rurales como infraestructura crítica, para ser patrullados y controlados por las Fuerzas Armadas y de Orden”, indica un comunicado del gremio.

Asimismo, el escrito agrega que “valoramos y honramos los acuerdos suscritos y también la disposición del Gobierno para buscar soluciones para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores forestales (…) Los objetivos planteados en la movilización están logrados y debemos volver a las actividades normales”.

Sin embargo, lo anterior no fue compartido por la Asociación Dueños de Camiones Valdivia, cuyo vocero, Freddy Martínez, advirtió que “las conversaciones con el Gobierno continúan”, apuntando a dos puntos aún no resueltos.

Estos consisten en la declaración de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, que se prolongue mientras se logre la aprobación de una reforma constitucional que autorice a las Fuerzas Armadas resguardar las carreteras y caminos interiores, sin necesidad de declarar un Estado de Excepción.

En paralelo, los camioneros demandan que se retiren las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentada contra los choferes que cortaron el tránsito en carreteras, durante los paros de la semana pasada. Esto, argumentando que “atenta directamente contra nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente y a la igualdad ante la ley, ya que estas no se presentaron en contra de los responsables del atentado contra la ministra del Interior en Temucuicui, ni contra quienes vandalizan nuestro país, por el contrario, se promueven amnistías”.