Fiscales rechazan el «Criterio Valencia» y acusan problemas para su implementación

El lunes 10 de abril comenzó a regir la disposición del fiscal nacional Ángel Valencia para dejar en prisión preventiva a todo extranjero que esté envuelto en algún delito que no posea su documentación vigente para movilizarse en el país.

La ordenanza del jefe del Ministerio Público ha dejado los primeros detenidos en su primera semana, sin embargo, ha generado reacciones de los tribunales y de los propios persecutores.

Primero fue la Corte Suprema la que se manifestó respecto a esta idea. La vocera del máximo tribunal del país sostuvo que a pesar de esta determinación, cada juez seguirá analizando caso a caso para aplicar las medidas cautelares al no tratarse de una norma incluida en la legislación.

“El fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos. El punto es que como es un lineamiento interno y no es una ley, eso genera la posibilidad de que haya decisiones diversas, según cada tipo de caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito”, dijo Ángela Vivanco.

Este distanciamiento que tomó la Corte Suprema no es el único que ha tenido que enfrentar Ángel Valencia en las últimas horas. La Asociación de Fiscales también se alejó del “Criterio Valencia” por las dificultades en su aplicación. “(Pedimos) evaluar suspender la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía ante los que se pongan a disposición los detenidos en la situación motivo del oficio”, indicaron.

Más razones de los fiscales para rechazar el “Criterio Valencia”

“Divisamos en la aplicación de este oficio eventuales dificultades de implementación, particularmente en regiones. Respecto de aquellos detenidos que no pueda determinarse la identidad, sabemos que para el enrolamiento de imputados el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada sólo en la región Metropolitana”, explicaron los fiscales.

“La experiencia cotidiana nos indica que actualmente este trámite puede demorar entre dos y tres meses, plazo que muchas veces es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad. En tal escenario, sería razonable ponderar si los esfuerzos debieran de estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento que en someter el proceso penal a las carencias del mismo”, complementaron.

“Manifestamos la preocupación del gremio en orden a no repetir experiencias del pasado reciente -previo a vuestra administración- en que directrices rígidas para la solución de cuestiones jurídicas, junto con generar una sobrecarga en las tareas de persecución penal, con la consecuente distracción de recursos de otras materias de relevancia, terminaron por afectar la imagen de nuestra institución en términos públicos”, extendieron.