El fallo mantiene el artÃculo de la megarreforma que obliga a restituir sin costo los servicios básicos suspendidos por no pago en zonas afectadas por desastres.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por nueve votos contra uno, el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artÃculo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La decisión representa un revés para el Ejecutivo y mantiene en el proyecto la disposición que beneficia a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas cuyos suministros hayan sido suspendidos por no pago antes o durante la emergencia.
La norma establece que las compañÃas deberán reponer el agua potable y el alcantarillado en un plazo máximo de 24 horas, mientras que para los servicios de electricidad y gas fija un lÃmite de 48 horas, contadas desde la solicitud del usuario. Además, la reconexión deberá realizarse gratuitamente y sin exigir el pago previo de las deudas.
En representación del Presidente José Antonio Kast, el abogado JoaquÃn Palma sostuvo durante la audiencia que la disposición impulsada por la oposición se encontraba fuera de las ideas matrices de la iniciativa del Ejecutivo: «Reconectar en catástrofe se podrÃa relacionar con reconstruir, no lo niego, pero ese vÃnculo es meramente semántico», planteó. El argumento coincidió con lo planteado previamente por ministros de Estado, quienes defendieron la decisión del Gobierno de acudir al organismo.
El jurista también aseveró que los plazos fijados para restituir los suministros podÃan implicar un riesgo para la vida y la seguridad de los trabajadores y clientes, especialmente en zonas afectadas por incendios u otras emergencias.
«Como bien es sabido, impone un plazo único de 48 horas para reconectar electricidad y gas, ignorando que, por ejemplo, la normativa sectorial actual exige para el gas verificación de red y de las instalaciones interiores cliente a cliente previa reconexión, para evitar riesgos de explosiones o fugas. Este plazo fuerza a los trabajadores cuadrilleros de las empresas a reponer los servicios básicos bajo presión, arriesgando su propia integridad y su vida, y no solo la de ellos, sino que también las de las comunidades», profundizó Palma.
Sin embargo, tras una breve audiencia, el pleno del TC desestimó el requerimiento por una amplia mayorÃa, y mantuvo vigente el artÃculo aprobado por el Congreso.
