Los errores en el proceso de lectura, generaron importantes alzas en la cuenta de luz de varios clientes en ambas regiones.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que formuló cargos tras detectar fallos “en la lectura de medidores, emisión de facturas y entrega de información en las regiones del Maule y O’Higgins”.
Esta deficiencia de información fue relacionada a los Consumos No Registrados (CNR), donde la Superintendencia ya había instruido -el jueves de la semana pasada- dejar de aplicar estos cobros, tras detectarse “inconsistencias en el proceso de facturación, con más de un centenar de casos”.
Según informó la autoridad en un comunicado, de confirmarse las infracciones, la empresa eléctrica se arriesga a multas que podrían superar los $8 mil millones. Mediante un nuevo comunicado, la SEC ahondó en las acusaciones, afirmando que CGE “habría dejado de realizar las lecturas reales de los medidores” en julio y agosto de este año, derivando en “boletas con consumos provisorios no informados como tales y, posteriormente, en alzas significativas en las cuentas de agosto”.
“Esta situación, de acuerdo con el organismo fiscalizador, habría evidenciado graves problemas en la gestión comercial de CGE, vulnerando los estándares de calidad de servicio establecidos en la normativa vigente, que obligan a una medición correcta, una facturación precisa y una entrega transparente de la información al usuario”, sentenció.
Junto con lo anterior, se determinó que la empresa dio información inconsistente en la plataforma donde reportan a la SEC lo relacionado con los CNR, ya que en vez de apuntar el número de cliente, entregó el número de instalación. Esto, según la Superintendencia, “habría impedido ejercer un control fiscalizador adecuado sobre el cálculo, valorización y cobro de estos consumos.
“El derecho de las y los ciudadanos a recibir una facturación correcta, transparente y ajustada a la normativa es irrenunciable. Ni un peso más, ni un peso menos”, dijo el superintendente (s), Marcelo Abril Labra. Él enfatizó en que los antecedentes tras las fiscalizaciones reflejaron “graves fallas en la gestión de la empresa”, por lo que decidieron formular los cargos “por incumplimientos que afectan gravemente la confianza de los usuarios” y vulneran disposiciones de la ley y reglamentos del sector.
“Si estas infracciones se confirman, se aplicarán las sanciones, las que podrían llegar hasta las 10.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales), es decir, algo más de 8.000 millones de pesos”, advirtió. Ahora, la compañía tiene 15 días hábiles desde la notificación de los oficios, para realizar sus descargos.
