Para la diputada comunista, el operativo de la PDI fue una «invasión de nuestro espacio privado, y puso en riesgo nuestra integridad física y psicológica».
La diputada comunista Karol Cariola anunció que su defensa acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el cuestionado allanamiento que tuvo lugar en su domicilio el pasado lunes, mismo día en que dio a luz a su primogénito.
Mientras que la oposición amenaza con censurar la mesa de la Cámara que ella preside, frente a nuevos antecedentes que la vinculan con un presunto tráfico de influencias derivado del caso Sierra Bella, la parlamentaria insistió en que la diligencia de la PDI fue inoportuna.
Mediante un video compartido en sus redes sociales, Cariola hizo ver que «diversos tratados internacionales protegen a mujeres, niños y niñas, catalogando el parto y el puerperio como dos de los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de las personas gestantes».
«Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo a horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica», enfatizó la presidenta de la Cámara.
En esa línea, hizo ver que «colaboré con la Justicia, como siempre lo he hecho: entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo (…); sin embargo, hoy he decidido alzar la voz con fuerza, y decir que se ha cometido una gran injusticia».
Tal como aseveró más temprano su defensor, Juan Carlos Manríquez, al solicitar la nulidad del allanamiento, Cariola sostuvo que «se me imputa un supuesto delito con un informe en el que no sólo hay información falsa, sino que graves desprolijidades, ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas que el abogado que me representa ha puesto en conocimiento de los tribunales».
Por otro lado, «todos los chats con Irací (Hassler, exalcaldesa de Santiago) -que a nuestro parecer, no constituyen un delito, como se ha intentado mostrar- son información con la que Fiscalía contaba hace más de un año. Si tenían legítimas dudas, podrían haberlas preguntado (antes) y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas».
«No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, tres horas después de mi parto, para tomar esta acción», volvió a fustigar la diputada, antes de adelantar que «tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad, para que nunca más una mujer, ninguna de nosotras, tenga que pasar por lo que yo pasé».
