Su nombre consta en el Informe Rettig y en el archivo del Museo de la Memoria como víctima de ejecución en el puente Toltén.
El Poder Judicial confirmó que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que figuraba en la nómina de detenidos desaparecidos de la dictadura (1973-1990), se encuentra con vida y reside en Argentina. La mujer, profesora de educación básica, había sido vista por última vez a los 27 años en Panguipulli (Región de Los Ríos), tras ser detenida en octubre de 1973.
Su nombre figuraba en el Informe Rettig y en el archivo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos como víctima de ejecución en el puente Toltén.
El ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, sostuvo una reunión con la familia de la hoy octogenaria para notificarles que el cotejo entre su perfil genético y las muestras almacenadas en el Banco Genético del Servicio Médico Legal (SML) arrojó un resultado positivo con una certeza superior al 99,9%.
Frente al hallazgo, el biministro Claudio Alvarado (Interior-Segegob) pidió cautela ante los antecedentes e instó a respetar la investigación que está en curso.
«Tiempo atrás se conoció públicamente (el caso de Vera). Entiendo que el juez que lleva la causa se reunió y comunicó a los familiares que había prácticamente un 100% de coincidencia en el ADN de esta persona, pero al mismo tiempo expresamente todos sabemos que hay una investigación de carácter reservada o secreta y esperaremos el desarrollo y la conclusión de la misma», señaló la autoridad.
La confirmación reabrió el debate sobre las medidas de reparación que el Estado concedió a la familia durante años, los cuales contemplan un bono único de 10 millones de pesos para los hijos y pensiones mensuales de entre 500.000 y 700.000.
La diputada Ximena Ossandón (Renovación Nacional) sostuvo que «corresponde una explicación institucional seria», argumentando que «los errores cometidos por distintos organismos del Estado deben investigarse, corregirse y, si hubo reparaciones otorgadas de manera indebida, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deben adoptar las medidas que corresponden».
Sin embargo, advirtió que «este caso no puede utilizarse para relativizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de la dictadura».
Por su parte, la senadora Loreto Carvajal (PPD) enfatizó que «aunque el caso de Bernarda Vera es grave y el Consejo de Defensa del Estado debe evaluar perseguir penal y civilmente la devolución de cualquier tipo de beneficio que se haya adquirido de manera indebida, sin duda esta es una excepción».
«No puede ser esto objeto tampoco de un aprovechamiento político ni poner en duda el Plan de Búsqueda», apuntó.
