Tras el rescate de tres personas aisladas en el Cajón del Maipo, la Delegación Presidencial Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe medidas más estrictas a quienes se expongan de manera irresponsable.
Tras varias labores de rescate que incluyeron a la PDI, Carabineros, Socorro Andino y lugareños, se rescató a las dos mujeres y el hombre que se mantuvieron a salvo en un refugio. Todo el despliegue, tanto terrestre como aéreo, según las autoridades, superó los 100 millones de pesos como costo.
Debido a esto es que el delegado metropolitano Germán Codina ofició al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe algún grado de responsabilidad.
En un punto de prensa, el delegado incluso afirmó que debido a este operativo y la actitud irresponsable de los involucrados se perdió la final del mundial, dichos que fueron criticados a través de redes sociales. Más tarde y en este mismo ámbito, recalcó que su comentario representa la indignación de quienes expusieron su vida y las de distintos equipos de emergencia. “Estamos hablando de un comentario que, si tú lo ves en el contexto, lo que señala es la indignación de que haya personas irresponsables que ponen en riesgo su propia vida”, sostuvo.
Frente a varios hechos que han ocurrido con anterioridad protagonizados por personas imprudentes, es que actualmente existe un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que busca sancionar a quienes desarrollen actividades imprudentes y que conlleven operaciones de rescate.
El diputado republicano, Juan Irarrázabal, destacó la importancia de penalizar a los responsables y no que paguen todos los chilenos. “Esperamos que el proyecto avance y haga responsables a quienes cometen estas imprudencias. Si no van a pagar el costo total del rescate, que al menos paguen lo suficientemente caro para que nunca más se las den de aventureros”, expuso.
El proyecto busca que los equipos de emergencia deban presentar la respectiva denuncia al juzgado de policía local, el que finalmente podría sancionar a los implicados con una multa que no superaría las 10 unidades tributarias mensuales.
