Contraloría concluye que exministra Trinidad Steinert actuó ilegalmente al solicitar datos a la PDI
La exministra de Seguridad del presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert, habría actuado al margen de la ley durante su gestión como secretaria de Estado.
La Contraloría General de la República concluyó que Steintert se extralimitó en sus labores al solicitar a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios que además, participaban en una investigación penal en curso. El oficio, al que tuvo acceso este medio, revela varios aspectos. En primer lugar, establece que la información requerida por la entonces ministra no era necesaria para el ejercicio de las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad, por lo que excedía el ámbito de sus atribuciones.
Además, la Contraloría advirtió que dicha solicitud podía afectar el desarrollo de una investigación penal vigente, algo que la legislación prohíbe expresamente.
El pronunciamiento del órgano fiscalizador se originó tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad de un oficio reservado enviado por la entonces secretaria de Estado al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir el cargo, en marzo de este año.
Entre los antecedentes requeridos por Steinert figuraban los nombres completos, RUT, grados y destinos actuales de los funcionarios involucrados, además de eventuales antecedentes disciplinarios, sumarios internos y denuncias penales que pudieran existir en su contra. Para la Contraloría, ese nivel de detalle excedía las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad para requerir información a las policías, ya que dichos antecedentes no resultaban necesarios para las labores de planificación, coordinación y supervisión que corresponden a esa cartera.
El organismo agregó que la propia ley prohíbe expresamente solicitar información cuya divulgación pueda afectar una investigación penal en desarrollo, situación que a juicio del ente contralor podía producirse en este caso.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen apunta a que los requerimientos realizados por Steintert recaían sobre una brigada policial que había trabajado con ella durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá. Por esa razón, la Contraloría sostuvo que la entonces ministra debía observar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés derivado de su relación profesional previa con los funcionarios involucrados.
