Solo seis de las 45 personas que estaban citadas llegaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Son un total de 359 trabajadores públicos que pasarán por el Centro de Justicia y se espera que se realicen diferentes audiencias.
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tuvo lugar la primera de varias audiencias de formalización a funcionarios públicos acusados de la obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. Cabe recordar, que la Contraloría General de la República expuso el año pasado a 25.000 funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con reposo médico, además de 13.000 que asistieron a casinos de juegos en ese mismo periodo.
En esta jornada, se formalizaron solo a seis de los 359 trabajadores públicos en total, donde se esperaba que fuese una audiencia para 45 personas. No obstante, la mayoría no fue correctamente notificada, por lo que no sabían que tenían que asistir este lunes.
Dos personas que fueron correctamente notificadas no llegaron hoy a la sesión, por lo que se despachó una orden de detención por parte del Ministerio Público.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Daniela Fregonara, detalló que «se trata de una primera etapa. Si bien hay 35.000 licencias, 25.000 funcionarios públicos en estos listados de la Contraloría, el hecho de salir estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito».
«Por lo tanto, en este caso lo que estamos haciendo como Fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas y por eso se va formalizando y se va realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores», explicó.
Asimismo, sostuvo que «no es primera vez que nosotros formalizamos a compradores de licencias médicas; también lo hicimos respecto de una causa que actualmente se encuentra en juicio, arribamos a salidas alternativas con ellos con la condición de que paguen el monto de subsidio por incapacidad laboral improcedente. En este caso es una decisión que se va a tomar como equipo investigativo, pero está dentro de las opciones».
En cuanto a los formalizados de hoy, esto equivalió a un perjuicio fiscal que va desde los $108.000 hasta los $742.000 por licencias emitidas y pagadas, todas relacionadas a centros de salud ya investigados por la emisión de licencias médicas falsas, y por las que ya hay ocho doctores y un socio que están en prisión preventiva desde diciembre de 2025.
Por otro lado, el abogado penalista Gustavo Rivera, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, analizó los contratiempos que pueden tener las formalizaciones masivas: «Enfrenta el problema logístico de notificar o emplazar a un número de personas; 300 personas notificadas en el sistema procesal penal implican realizar esas 300 notificaciones de forma efectiva».
En cuanto a eventuales salidas alternativas, apuntó que «la ejecución de la investigación y la posibilidad de recuperar los dineros por parte del Fisco, creo que no es tan baja atendido que es bien probable que el Ministerio Público ofrezca salidas alternativas a los imputados donde lo más probable es que una de las condiciones sea la reparación total o parcial del valor que hayan perdido las arcas fiscales por pagar estas licencias médicas falsas».
«Es bien probable que el Ministerio Público opte por perseguir penalmente a ciertas personas en un juicio oral, que lo más probable sean los médicos facultativos que emiten esta cantidad de licencias falsas», sostuvo.
En cuanto a las personas que no llegaron a la audiencia por no ser notificadas, su próxima audiencia quedó fijada para el 25 de mayo. En tanto, un segundo grupo deberá llegar al Centro de Justicia el próximo lunes para ser formalizados.
