El informe reveló permisos concedidos incluso a personas privadas de libertad y deudores de alimentos, por lo que se instruyeron sumarios y se enviaron los antecedentes a Fiscalía.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, en la Región Metropolitana, incluyendo permisos concedidos a personas que se encontraban privadas de libertad.
Según informó Contraroría, los antecedentes darán origen a sumarios administrativos para establecer responsabilidades de funcionarios municipales y, además, fueron remitidos al Ministerio Público.
En el caso de La Granja, el Informe Final N°321/2025 estableció que tres personas obtuvieron licencias mientras cumplían penas privativas de libertad, infringiendo la Ley de Tránsito, que exige evaluaciones presenciales. A esto se suma que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 recibieron permisos de conducir, situación detectada tras el cruce de datos con el Registro Civil.
La auditoría también identificó la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes mantenían deudas vigentes por más de 11 mil UTM. Además, se detectaron conflictos de interés, con funcionarios municipales participando en el proceso de evaluación y aprobación de licencias para familiares directos. La CGR también advirtió que el municipio no entregó completamente la información solicitada en 29 requerimientos sobre el sistema de licencias y los perfiles de usuario, lo que agravó las observaciones del informe.
En San Ramón, el Informe Final N°367/2025 confirmó que una licencia fue otorgada a una persona privada de libertad, motivo por el cual la Contraloría ordenó liderar el sumario que había iniciado el propio municipio. Asimismo, se detectó la entrega de 73 licencias a personas condenadas entre 2023 y 2024, además de 55 permisos otorgados a deudores de pensiones alimenticias, contraviniendo la normativa vigente.
La auditoría también evidenció licencias aprobadas sin cumplir requisitos mínimos de evaluación médica y psicométrica, junto con un deficiente manejo documental, con expedientes almacenados en bodegas improvisadas y en mal estado. Finalmente, se constató la aplicación de cobros irregulares, generando diferencias por más de 1,7 millones de pesos en derechos municipales.
Por ambos casos, la Contraloría confirmó que instruirá sumarios administrativos y mantendrá los antecedentes en manos del Ministerio Público.
