Dominga: Andes Iron obtuvo triunfo en la Corte Suprema
El máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos presentados contra una resolución que exige un nuevo pronunciamiento del Gobierno sobre el megaproyecto.
Este martes, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y un grupo de organizaciones en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que acogió, a finales del año pasado, el reclamo presentado por la empresa Andes Iron contra la decisión del Gobierno de rechazar el controvertido megaproyecto Dominga.
La resolución recurrida, fechada el 10 de diciembre de 2024, ordenó al Comité de Ministros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, encabezado por la cartera de Medio Ambiente, emitiera una nueva resolución sobre la calificación de la iniciativa minero-portuaria, argumentando que la decisión tomada por el gabinete en enero de 2023 contenía “pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y estaba fuera del plazo legal establecido.
“Ministros que habían manifestado previamente su parecer, posteriormente no se inhabilitaron”, señaló también el tribunal ambiental. Contra esta decisión, el SEA y un grupo de organizaciones y particulares, entre ellos Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera y la Asociación de Pescadores de Los Choros, interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo. El 8 de enero pasado, el Comité de Ministros rechazó por segunda vez en dos años, por unanimidad, el proyecto Dominga.
La tarde de ayer, la Tercera Sala de la Corte Suprema comunicó que revisó los recursos del SEA y las mencionadas organizaciones y estableció que no se cumplieron los requisitos de admisibilidad exigidos por el Código de Procedimiento Civil. En un fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó que los recursos de casación son “de carácter extraordinario y de derecho estricto”, ya que se conceden solo para anular una sentencia en los casos que la ley señala expresamente.
Una de las razones clave para la inadmisibilidad fue que la resolución del Primer Tribunal Ambiental no es una sentencia “definitiva”. Según el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, una sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.
Sin embargo, indicó la Suprema, “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”. Tampoco se trata, agregó, de “una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación , tanto así que, en su propio contenido ordena seguir con ella, ordenando a la autoridad recurrida a emitir un nuevo pronunciamiento respecto del cual podrán interponerse los recursos que en derecho correspondan”.
El máximo tribunal concluyó que, “en consecuencia, al no reunir la decisión impugnada la naturaleza de aquellas que permiten los recursos interpuestos, estos no pueden ser admitidos a tramitación, tal como lo ha resuelto de manera constante y uniforme esta Corte en casos anteriores”. La resolución fue redactada por el ministro Jean Pierre Matus y firmada por los ministros Adelita Ravanales y Diego Simpértigue, y por la abogada integrante María Angélica Benavides.
El polémico proyecto, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80% de esta especie de pingüinos.



