El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) formalizó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos vinculados a la venta irregular de parcelas agrícolas por parte de Agroparcelas Chile SpA.
Según el Servicio, las compañías utilizaron sociedades comerciales interrelacionadas, compartiendo representantes legales o accionistas, para promover un modelo de negocios basado en la promesa de venta de terrenos no subdivididos ni registrados. Los compradores pagaron hasta el 100% del valor de parcelas que, al momento del acuerdo, no existían físicamente ni contaban con un rol único. Las empresas operaron en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule, acumulando más de 100 reclamos.
La modalidad más recurrente fue la “parcelación en verde”, que ofrecía terrenos agrícolas en proyectos aún no materializados. En ese contexto, los consumidores adquirían estos lotes a bajo costo, pero debían esperar entre uno y dos años para su entrega, sin garantías de que el trámite se concretara. “Las empresas prometían celebrar un contrato de compraventa, a sabiendas de que era posible que la entrega final jamás se materializara”, detalló el Sernac.
En el caso de Mundo Parcelas, el servicio alertó que la firma “prometía celebrar un contrato de compraventa definitivo en circunstancias en que los compradores ya habían pagado el 100% del precio del inmueble que, al menos al tiempo de la promesa, no existía como tal”.
La segunda modalidad, menos utilizada, correspondía a la venta de “parcelas con rol único”, terrenos ya subdivididos y registrados ante el Conservador de Bienes Raíces, detalló el Sernac. Estos se entregaban en plazos de 30 a 60 días, otorgando mayor seguridad a los compradores.
Tras analizar el patrón de operaciones, el Sernac detectó indicios de posibles delitos y derivó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación formal. El proceso se suma a acciones previas contra el representante legal de las empresas, quien fue citado a declarar en una instancia que inicialmente no se concretó, lo que motivó una orden de arresto en su contra.
En enero de este año, el representante legal finalmente compareció, permitiendo recabar información clave para sustentar la denuncia. “Se pudieron recabar antecedentes que sirvieron para que el Servicio decidiera denunciar ante la justicia a los proveedores”, precisó el organismo. El caso trascendió al ámbito político luego de que 60 afectados enviaran una carta al Presidente de la República, exponiendo su situación y exigiendo soluciones. Los consumidores relataron haber invertido sus ahorros en proyectos que nunca se materializaron, quedando en un limbo legal y financiero.
