Este miércoles, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el nuevo reglamento para el control del consumo de drogas a los parlamentarios en ejercicio.
La iniciativa, en su formulación, señala que tiene como finalidad aumentar los estándares de transparencia de la labor parlamentaria, además de evitar la comisión de delitos asociados al narcotráfico o relacionados.
Si bien la realización de un test de drogas tenía un carácter legal, ya que estaba incluido en la Ley de Presupuestos 2022, aún faltaba el reglamento que la propia corporación debía redactar para que esto pudiera ser aplicado.
De esta forma, la Cámara de Diputados(as) se convertirá en el primer parlamento de Latinoamérica en someter a sus integrantes a un test de droga en forma obligatoria.
Una vez que se promulgue este proyecto en el Diario Oficial, se realizará por única vez un examen de drogas a todos los diputados dentro de los siguientes 30 días y serán los mismos funcionarios de la Cámara de Diputados los que actuarán como ministros de fe.
Estos deberán notificarle personalmente al parlamentario que salió sorteado para someterse al test, debiendo acompañarlo inmediatamente hasta el lugar definido para realizar el procedimiento a objeto de evitar que se niegue.
En cuanto a la votación de los diputados de la región del Maule, estuvieron a favor Felipe Donoso (UDI), Hugo Rey (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Francisco Pulgar (Independiente) y Alexis Sepúlveda (PR).
Desde esta posición, Donoso, valoró la aprobación del proyecto, apuntando que a su juicio no puede haber un vínculo entre la política y el narcotráfico.
En tanto, la diputada independiente, Mercedes Bulnes, votó en contra de la iniciativa de ley indicando que la publicidad de los resultados de un test de drogas es inconstitucional, vulnerando el derecho a la privacidad.
En ese sentido, la legisladora precisó que estuvo a favor del levantamiento del secreto bancario.
Por otra parte, Bulnes, advirtió que el consumo recreativo y medicinal, así como el autocultivo de marihuana, no están penalizados por la ley.