Un estudio elaborado por académicos de la Universidad de Talca, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile e investigadores del Centro de Estudios Públicos, reveló que la implementación de la nueva Constitución podría costar hasta un 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos US$ 45.000 millones cada año.
El objetivo del estudio fue estimar el costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la nueva Constitución, el que definieron como «aquellos gastos en que el Estado podría incurrir producto de los compromisos a los que lo obliga dicha propuesta y que van más allá de los gastos ya comprometidos».
El análisis consideró dos escenarios: uno «bajo», más conservador en cuanto a provisión de servicios y de gasto, y uno «alto», menos conservador. En el escenario bajo, el costo total anual sería de 8,9% del PIB (US$ 28.500 millones), mientras que en el alto asciende a 14,2% (US$ 45.000 millones).
El informe detalla que la categoría de protección social es la que presenta un mayor costo total anual estimado, seguida por el área de salud y luego por la educación. Luego vendrían servicios públicos generales, orden público y seguridad, y servicios comunitarios, entre otros.
El grupo también revisó la experiencia de otros países -como Colombia, Ecuador y Bolivia- y concluye que los resultados han sido heterogéneos, aunque la mayoría de los países revisados aumentaron «considerablemente» su indicador de gasto fiscal respecto al PIB. El estudio aclara que no se pueden asignar todos estos incrementos al factor constitucional, y precisan que «la propia constitución puede ser el resultado de otros factores o fenómenos sociales que presionan el gasto».
El informe recuerda que, a diferencia de un proyecto de ley, las constituciones no van acompañadas de un ejercicio de estimación de costos. Para la estimación, los investigadores siguieron una metodología similar a la que se usa para proyectar las implicancias fiscales de proyectos legislativos en sus informes financieros, o en un programa presidencial.
El análisis detalla que hay una serie de artículos en el texto que involucran gasto fiscal, pero para los que no han logrado encontrar un método para hacer una estimación «mínimamente robusta». Asimismo, puntualizan que consideran solo los gastos fiscales directos relacionados con la aplicación del articulado, o sea dejan fuera el cambio en la eficiencia del funcionamiento del Estado, o las implicancias en política tributaria derivada de estos mayores gastos, entre otros puntos.
Para calcular los costos, se usaron montos en pesos a diciembre de 2021, lo que aplica para la UF, UTM, el tipo de cambio, la línea de la pobreza y el salario mínimo. Para convertir el monto en pesos a un porcentaje del PIB, usaron el valor del mismo año de $240.633.267 millones, equivalente a US$ $316.925 millones, al tipo de cambio promedio de 2021 ($ 759).
Para el costeo se usó el dato más reciente disponible, y se optó por el Presupuesto 2022 (en pesos de 2021), ya que el del año previo incluye gasto extraordinario por la pandemia, lo que no lo hace representativo.
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